Francisco Rivas Rios
A partir de 1999, la totalidad de los municipios de Panamá, tienen la responsabilidad por el manejo de los residuos sólidos, realizando las tareas de recolección, transporte, tratamiento y eliminación. Algunos municipios han transferido esta responsabilidad, total o parcialmente, a la empresa privada. La Constitución Política de la República vigente, modificada en 2004, fortaleció el rol de los municipios – de conformidad con el principio de la descentralización del estado -, con lo cual se consolidaron las competencias municipales en la gestión de los residuos sólidos. El estado, por medio del Ministerio de Salud, se ha reservado la gestión de los residuos sólidos peligrosos.
Si bien es cierto, el Poder Ejecutivo ha emitido varios Decretos para hacer frente a temas específicos, como lo son los rellenos sanitarios y los residuos peligrosos, y el Poder Legislativo ha emitido leyes que han tocado algunas aristas del problema en la Ley General del Ambiente, el país carece de una ley general de residuos que venga desarrollar los principios contenidos en la normativa internacional que ha sido ratificada por la Asamblea Nacional (especialmente el Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes); que integre la normativa que hoy se encuentra dispersa y la actualice en términos técnicos, científicos y económicos; que integre principios modernos de responsabilidad ambiental, civil y penal y aclare las inconsistencias actuales en materia de competencia institucional, principalmente entre l Ministerio de Salud (MINSA) y los Municipios.
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